El polémico modelo 720 sufre un nuevo golpe cuando el Ministerio de Hacienda de España reconoce la «nulidad absoluta» de sus sanciones asociadas, lo que podría desencadenar una avalancha de reembolsos. Este es el último de una serie de contratiempos legales para la norma que exige la declaración de bienes en el extranjero.

En enero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que su régimen de sanciones era «contrario al derecho» por su desproporción. Pocos meses después, el Tribunal Supremo de España dictaminó la nulidad, con efecto retroactivo, de las multas fijas impuestas por la Agencia Tributaria por la declaración tardía de bienes y activos en el extranjero.

El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ahora acepta la nulidad absoluta de las sanciones formales del modelo 720, por ser contrarias tanto al derecho comunitario europeo como a la Constitución Española. El Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria llegó a esta conclusión en un informe de diciembre pasado, recomendando la nulidad de las sanciones, consideradas como una violación del artículo 25 de la Constitución Española.

Recientemente, el Consejo de Estado coincidió con esta interpretación en un dictamen emitido el 23 de marzo de 2023, que señala que el modelo 720 infringe las obligaciones de España en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en relación con la libre circulación de capitales.

Además, un acuerdo de ejecución de la Agencia Tributaria en respuesta a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sostiene que las multas impuestas son nulas porque la legislación que las contemplaba es contraria al derecho de la UE.

El abogado Esaú Alarcón, del despacho Gibernau, quien ha confirmado el cambio de postura del fisco después de iniciar varios procedimientos de nulidad, afirma: «El Ministerio de Hacienda ha terminado aceptando que procede la nulidad absoluta de dichas sanciones formales, al ir en contra no solo del derecho de la Unión Europea, sino de la propia Constitución Española».

El modelo 720 fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, en medio de una recesión causada por la crisis de la deuda. Este establecía fuertes multas para quienes declararan fuera de plazo bienes y derechos en el extranjero por valor superior a 50.000 euros.

Tras los contratiempos legales, Hacienda adaptó las sanciones y los plazos de prescripción a la Ley General Tributaria el año pasado, reduciendo la cuantía de las multas y fijando el plazo de prescripción a cuatro años.

Alarcón sugiere que la Agencia Tributaria debería implementar un sistema para permitir a todos recuperar eficazmente las sanciones impuestas por el modelo 720. Mientras tanto, su despacho ha creado una página web para facilitar a los afectados la solicitud de devolución a Hacienda. «Debería procederse a la revocación de oficio de las sanciones impuestas y a su devolución automática, sin necesidad de que el procedimiento de recuperación fuera activado por el contribuyente», concluye Alarcón.