CONSECUENCIAS:

Las consecuencias de la tramitación por un camino y otro son neutras pero no así el plazo de adopción y de aplicación de la medida, con los costes que de ello se derivan.

En ambos casos la medida de suspensión de contratos o de reducción de jornada deberá, conjugarse con lo que nos dice el art. 5 de Carácter preferente del trabajo a distancia, en el sentido que la empresa deberá adoptar las medidas oportunas para que ello sea posible si ello es técnica y razonablemente posible, siendo esta medida alternativa prioritaria frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

El art. 22 permite, cuando tenga causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, la consideración de una situación de fuerza mayor. Ello permite una tramitación simplificada de tal forma que en la solicitud de suspensión de contratos o de reducción de jornada realizada por la empresa deberá acompañarse un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. 

TRAMITACIÓN:

La tramitación de la suspensión de contratos o de la reducción de jornada a través del art. 23, que viene motivado por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas, pero sin que sean causa directa, con el COVID-19, se realiza a través del procedimiento ya preexistente con una reducción de plazos y requisitos de tal forma que en el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos del sector y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. 

LA COMISIÓN:

La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. 

En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

La distinción entre causa directa o simplemente relacionado puede no ser del todo pacífica, en la opción de la adopción de medidas vía art. 22 o vía art. 23 y la luz debemos encontrarla en la redacción del RDL del estado de alarma.

Concretamente, en dicho RDL se decía en su art. 10 que se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de una lista cerrada que contiene básicamente sanidad, alimentación y unos pocos establecimientos minoristas (ópticas, veterinarios,..) y que la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para productos de primera necesidad.

Adicionalmente, evitando aglomeraciones y controlando que los empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.